La provincia de Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, se convirtió en escenario de la primera privatización de la era Javier Milei. Este martes, el Senado mendocino aprobó un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autoriza la transferencia de las acciones «Clase C» de IMPSA, actualmente en manos del Estado provincial.
Actualmente, la empresa dedicada a la generación de energía a partir de recursos renovables tiene divisiones dedicadas a las energías renovables, hydro, energía nuclear, oil & gas, automatización e inteligencia artificial, entre otras. En detalle, el proyecto permite transferir el 21,4%, en manos de la Provincia, del total del paquete accionario.
IMPSA: la primera privatización de la era Milei
El proyecto de ley ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, que debatió la privatización de IMPSA casi dos semanas atrás. Ahora, fue el turno de la Cámara alta de Mendoza, que finalmente aprobó el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo de Cornejo.
Actualmente, la provincia tiene un 21.4% del paquete accionario de la compañía, que cuenta con 720 empleados altamente capacitados y especializados en la industria energética. La medida fue aprobada por una votación reñida: fueron 19 votos a favor y 16 en contra.
Durante la sesión la senadora Ángela Floridia, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto recordó que en 2020 la empresa enfrentó serios problemas financieros debido a contratos fallidos con Brasil, Venezuela y Santa Cruz, lo que puso en riesgo tanto la estabilidad laboral como la continuidad operativa de IMPSA. Ante esta situación, fue el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial – dirigido en ese momento por Cornejo – los que intervinieron con un plan de recomposición de la estructura de capital.
Según detalló la legisladora, el objetivo de la intervención estatal fue "temporal" y ahora el gobierno busca vender las acciones bajo su órbita. Sin embargo, la decisión de vender las acciones del Estado también se explica por el pasivo superior a los u$s500 millones que los compradores deberán salir a negociar con los acreedores.
Este proceso se inició a comienzos de julio cuando el Gobierno nacional y el de Mendoza firmaron una carta de intención con la empresa norteamericana, ARC Energy, que comprometió una inversión de u$s30 millones para capitalizar a la exPescarmona. Ese proceso de negociación con la compañía estadounidense se produce en medio de una compleja situación económica que atraviesa la empresa que cuenta con más de 700 empleados
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